A propósito de la cumbre informal de ministros de agricultura que se celebró ayer en Mérida para debatir el futuro de la Política Agraria Común (PAC) después de 2013, las dos organizaciones insisten en la necesidad de un giro radical en una política que influye en la gestión del 80% del territorio europeo si se quiere responder a los retos ambientales a los que se enfrenta el sector y asegurar el futuro de la agricultura.

SEO/BirdLife y WWF España, junto con otras organizaciones en el ámbito europeo, proponen una nueva PAC que incorpore objetivos ambientales, remunerando a los agricultores y ganaderos que conservan los recursos naturales, de cuyo buen estado depende también el futuro del sector; una PAC transparente que siga también el principio comunitario de quien contamina paga.

La intensificación de la actividad agrícola y ganadera promovida por la PAC, unida a la falta de una planificación territorial adecuada, ha tenido repercusiones profundas sobre el medio ambiente. Así, un 13% de la superficie de regadío en España se sitúa sobre acuíferos sobreexplotados, y cerca del 12% del territorio nacional está declarado como zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrícola y ganadero.

La conservación de la capacidad productiva del suelo es otro de los retos pendientes. El 50% del territorio nacional está afectado por procesos erosivos medios o altos, además de contener un nivel de materia orgánica insuficiente para asegurar el futuro de la producción a medio plazo.

El impacto sobre la biodiversidad también es apreciable. La agricultura intensiva supone una amenaza para el 48% de los hábitats y el 30% de las especies en nuestro país. Mientras, el 80% de los hábitats de interés dependientes de la agricultura extensiva se encuentran en mal estado de conservación por el abandono de los modelos de producción más sostenibles. Además, a nivel mundial la expansión de un número reducido de razas y variedades de cultivo, en teoría más productivas aunque más demandantes de recursos, ha llevado en el último siglo a la extinción de hasta el 90% de las variedades locales cultivadas y de 690 razas autóctonas. Se trata de una pérdida de diversidad biológica que hace a la agricultura y a la ganadería más vulnerables frente a plagas, enfermedades o desastres climáticos.

Por otra parte, aquellos agricultores y ganaderos con sistemas generalmente menos rentables, pero más sostenibles, que contribuyen a combatir los efectos del cambio climático, preservan la biodiversidad y los recursos naturales y generan paisajes valiosos, quedan prácticamente al margen de la actual PAC. El 80% del presupuesto de la PAC está escasamente vinculado a la generación de bienes públicos, al basarse los pagos actuales en los niveles de producción de un período de referencia pasado, manteniendo el mayor apoyo a los más productivos.

En cualquier caso, para lograr el cambio propuesto y alcanzar una futura PAC legítima y eficaz, según las ONG, es necesario entablar un debate plural y abierto, con todos los interesados: expertos, organizaciones agrarias, ambientales, de desarrollo rural y de consumidores. Lamentablemente, estas propuestas no encuentran apenas reflejo en el documento presentado por el Ministerio de Medio Ambiente para orientar el debate en Mérida, que sigue manteniendo una visión demasiado agrarista y aferrada a la actual estructura de la PAC que ya se ha mostrado inapropiada.