Con motivo del anunciado incremento del IVA -del 16% al 18% el general y del 7% al 8% el reducido- los medios están recogiendo declaraciones coincidentes de las grandes cadenas de distribución comercial en el sentido de que no repercutirán dicha subida a los consumidores o sólo lo harán si no pueden contrarrestarla mediante un ahorro equivalente de los costes de aprovisionamiento.

Ante estas declaraciones, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) solicita a las autoridades competentes que garanticen el cumplimiento de la legislación fiscal y las normas de defensa de la competencia por parte de la distribución.

La ciencia económica considera tan ineficiente y dañino para el bienestar económico el abuso del poder de mercado de los fabricantes como de los distribuidores. En coherencia con la ciencia económica, el Derecho de la Competencia sanciona los abusos y prácticas concertadas, tanto de los fabricantes como de la distribución.

En particular, las imposiciones comerciales de la distribución a sus proveedores pueden distorsionar la competencia en el mercado de aprovisionamiento y no se reflejan en ganancias equivalentes para los consumidores, tal como ha reflejado la propia Comisión Europea en su Comunicación sobre la transparencia en la cadena alimentaria.

Por ello, la misma diligencia con la que las autoridades de competencia persiguen y sancionan a los productores y fabricantes sería deseable en relación a los posibles abusos y prácticas concertadas de la distribución frente a sus proveedores. Estos abusos y prácticas concertadas pueden abarcar el precio y las condiciones comerciales, incluyendo el coste del incremento del IVA.