De las informaciones divulgadas hace unas fechas por el MARM cabe deducir que la denuncia formulada por la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) sobre la ineficacia de las medidas pactadas entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el resto de las OPAS se corresponden con la realidad de los acontecimientos.
Esta Organización reitera sus críticas a la actitud mantenida por las distintas entidades de crédito ante el Plan de Financiación para el sector agrario, en el sentido de que muchas de ellas, cuando un agricultor o un ganadero se acerca a sus oficinas para informarse sobre el contenido de las citadas medidas, alegan que desconocen las ayudas establecidas. Precisamente esta situación se está convirtiendo en el principal freno para que la aplicación de las medidas sobre financiación del sector agrario se lleven a la práctica.
Desde esta Organización se estima que las distintas Administraciones Públicas implicadas en este tema, tanto el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino como la Consejería de Agricultura y Ganadería, deben tomar las medidas necesarias para que la totalidad de las entidades tomen conciencia de la importancia de su papel en todo este proceso, evitando el “pasotismo” que parece que se ha instalado en ellas.
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha insistido en múltiples ocasiones en la escasa cuantía que supone el Plan de Financiación puesto en marcha desde Madrid. Por un lado, las líneas de ayuda que establece se destinan sólo a una parte, en esta región sólo se podrían beneficiar el 25% de los Agricultores y Ganaderos a Título Principal, cuando la totalidad de los profesionales se encuentran en estos momentos con sus explotaciones al borde de la ruina y con una fuerte crisis de endeudamiento; y, por otro, la cuantía establecida, 36,5 millones de euros para el conjunto del Estado, es ridículo si se compara con las cantidades que se han aportado a otros sectores como la automoción o la construcción o lo que se ha invertido en el Plan E.
Además, desde UCCL se demanda que el gasto que origina la nueva formalización de los préstamos (modernización y ganadería) debido a un cambio en las condiciones iniciales de estos se asuma por las Administraciones Públicas o bien que se fije un precio simbólico para estas modificaciones.
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