Las grandes cadenas de alimentación del país han aplicado en el año 2009 bajadas en los precios al consumidor del orden del cinco por ciento. Esta bajada no ha ido con cargo a la cuenta de resultados de las grandes superficies, sino que ha sido repercutida a sus más inmediatos proveedores, los intermediarios y la industria agroalimentaria, que a su vez la han repercutido en la compra de las materias primas a los agricultores y ganaderos. De esta forma, ese cinco por ciento que en principio se ha ahorrado el consumidor y con el que las cadenas han tratado de fomentar el consumo y lavar su imagen, se ha convertido en un quince por ciento menos de valor de venta de los productos agroalimentarios, teniendo en cuenta que de media existe una relación de uno a tres entre el valor de los productos en el campo y el que se aplica en la caja registradora de los supermercados.

Cuando en el campo se produce una caída en los precios y por tanto en la facturación bruta –de una media ponderada no menor del quince por ciento, al llevarla al margen de beneficio–, y dado que los gastos son los mismos porque estamos produciendo las mimas unidades al mismo coste, estás cifras representan una caída del cincuenta por ciento en la rentabilidad del sector. Esto es lo que en las movilizaciones del pasado mes de noviembre los agricultores y ganaderos hemos denominado “la ruina del campo”: perder una media del cincuenta por ciento de lo que ganamos y tener varios subsectores, como el porcino, la leche o las patatas, produciendo literalmente a pérdidas.

La caída de beneficios, provocada por la política de las grandes superficies y de la agroindustria, con la complicidad de nuestro Gobierno, podría compensarse parcialmente elevando las producciones y por tanto las ventas. Esta práctica es conocida en el sector primario como en ningún otro, pues año tras año hemos tratado de compensar la caída de la rentabilidad aumentando el tamaño de las explotaciones y produciendo de forma más eficiente. Pero con la crisis que tenemos asentada en España y en el resto del mundo, producir más en este caso sería generar excedentes sin salida a los mercados, o que presionarían todavía más los precios hacia abajo. Por otra parte, no pocas producciones, como es el caso de la leche de vacuno, están sujetas a cuotas o derechos de producción que limitan toda posibilidad de expansión de las explotaciones.

La actual política agraria, tan liberal ella en una economía tan intervenida, nos está llevando literalmente a la ruina. Cuando el margen en la venta de lo que producimos cae en el mejor de los casos a la mitad por la bajada de los precios; cuando además nos crecen de forma desorbitada los costes de producción en capítulos tan importantes como las fuentes de energía; cuando las ayudas públicas como mucho se mantienen pero no crecen, y cuado la financiación está restringida como en otros sectores productivos, la consecuencia es una situación dramática en el campo que se ha expresado en una gran contestación en la calle fruto de la situación de desánimo y desesperación en la que viven nuestras familias.

Por todo esto, estamos pidiendo al gobierno que legisle para proteger al sector primario de la situación de dominancia de la agroindustria y la distribución, al imponer los precios de los productos. Le pedimos también al Gobierno ayudas temporales para paliar la precariedad económica hasta que los mercados y los precios repunten. Y nos daría gran satisfacción contar además con la complicidad del consumidor y de la sociedad en general, para poner en valor nuestros productos, y para que se reconozca nuestro papel de garantes de la calidad y la seguridad alimentaria desde una actividad sostenible fundamental para la biodiversidad y el desarrollo rural.

Las grandes cadenas de alimentación del país han aplicado en el año 2009 bajadas en los precios al consumidor del orden del cinco por ciento. Esta bajada no ha ido con cargo a la cuenta de resultados de las grandes superficies, sino que ha sido repercutida a sus más inmediatos proveedores, los intermediarios y la industria agroalimentaria, que a su vez la han repercutido en la compra de las materias primas a los agricultores y ganaderos. De esta forma, ese cinco por ciento que en principio se ha ahorrado el consumidor y con el que las cadenas han tratado de fomentar el consumo y lavar su imagen, se ha convertido en un quince por ciento menos de valor de venta de los productos agroalimentarios, teniendo en cuenta que de media existe una relación de uno a tres entre el valor de los productos en el campo y el que se aplica en la caja registradora de los supermercados.

Cuando en el campo se produce una caída en los precios y por tanto en la facturación bruta –de una media ponderada no menor del quince por ciento, al llevarla al margen de beneficio–, y dado que los gastos son los mismos porque estamos produciendo las mimas unidades al mismo coste, estás cifras representan una caída del cincuenta por ciento en la rentabilidad del sector. Esto es lo que en las movilizaciones del pasado mes de noviembre los agricultores y ganaderos hemos denominado “la ruina del campo”: perder una media del cincuenta por ciento de lo que ganamos y tener varios subsectores, como el porcino, la leche o las patatas, produciendo literalmente a pérdidas.

La caída de beneficios, provocada por la política de las grandes superficies y de la agroindustria, con la complicidad de nuestro Gobierno, podría compensarse parcialmente elevando las producciones y por tanto las ventas. Esta práctica es conocida en el sector primario como en ningún otro, pues año tras año hemos tratado de compensar la caída de la rentabilidad aumentando el tamaño de las explotaciones y produciendo de forma más eficiente. Pero con la crisis que tenemos asentada en España y en el resto del mundo, producir más en este caso sería generar excedentes sin salida a los mercados, o que presionarían todavía más los precios hacia abajo. Por otra parte, no pocas producciones, como es el caso de la leche de vacuno, están sujetas a cuotas o derechos de producción que limitan toda posibilidad de expansión de las explotaciones.

La actual política agraria, tan liberal ella en una economía tan intervenida, nos está llevando literalmente a la ruina. Cuando el margen en la venta de lo que producimos cae en el mejor de los casos a la mitad por la bajada de los precios; cuando además nos crecen de forma desorbitada los costes de producción en capítulos tan importantes como las fuentes de energía; cuando las ayudas públicas como mucho se mantienen pero no crecen, y cuado la financiación está restringida como en otros sectores productivos, la consecuencia es una situación dramática en el campo que se ha expresado en una gran contestación en la calle fruto de la situación de desánimo y desesperación en la que viven nuestras familias.

Por todo esto, estamos pidiendo al gobierno que legisle para proteger al sector primario de la situación de dominancia de la agroindustria y la distribución, al imponer los precios de los productos. Le pedimos también al Gobierno ayudas temporales para paliar la precariedad económica hasta que los mercados y los precios repunten. Y nos daría gran satisfacción contar además con la complicidad del consumidor y de la sociedad en general, para poner en valor nuestros productos, y para que se reconozca nuestro papel de garantes de la calidad y la seguridad alimentaria desde una actividad sostenible fundamental para la biodiversidad y el desarrollo rural.

* José Antonio Turrado es secretario general de ASAJA de Castilla y León