El sector del Aceite de Oliva está sumido en una profunda crisis debido al continuado descenso del precio en origen de los aceites de oliva iniciado en Abril de 2008 y que ha supuesto una reducción superior al 30% hasta situarse en la actualidad en precios medios para el Virgen Extra de 1.74€/kg y de 1.52€/kg para el lampante base 2º, inferiores a los precios de referencia que desencadenan el mecanismo del almacenamiento privado (1.779€/kg para Virgen Extra, 1.710€/kg para Virgen y 1.524€/kg para lampantes base 2º). Esta evolución negativa de los precios se está dando a pesar del buen comportamiento del mercado y de lo ajustado de la producción para cubrir las necesidades del consumo interior y de las exportaciones. Entendemos que esta situación obedece fundamentalmente al gran desequilibrio existente en el poder de negociación entre ofertantes y demandantes debido a la enorme concentración de éstos y su estrategia de bajar sin límite el precio de la materia prima en origen.

Este dramático descenso, que nos ha llevado a un precio muy por debajo del umbral de rentabilidad del cultivo, no ha provocado la sensibilidad de la Administración en un momento en que, sin llegar a estos niveles de precio, se daban ya las condiciones para poner en marcha el mecanismo de almacenamiento privado previsto para situaciones de “grave perturbación del mercado”, negándose en aquel momento a solicitar su puesta en marcha.

Ante esta situación, las Organizaciones Agrarias ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias solicitan a la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino la celebración de una reunión urgente en la que abordar esta situación y la puesta en marcha de las siguientes medidas:

– Activación inmediata del mecanismo de Almacenamiento Privado, al cumplirse todos los requisitos exigidos por el Reglamento y, muy especialmente, el mantenimiento de los precios, durante más de dos semanas seguidas, por debajo de los umbrales de desencadenamiento de esta medida.

– Iniciar de modo inminente y urgente las gestiones para la reforma del Reglamento que regula el Almacenamiento Privado, actualizando los precios de desencadenamiento en al menos un 35% por encima del nivel actual, puesto que se establecieron en 1998 en niveles que ya eran muy bajos por aquellas fechas, y han permanecido invariados desde entonces, situándose muy por debajo de la rentabilidad media del cultivo.

– Liderar en Europa y en España la defensa de la calidad del producto y la lucha contra el fraude, mejorando los Reglamentos de calidad y de seguridad e información al consumidor (denominaciones de productos, mezclas, etc…).

– Negociación urgente con la Gran Distribución que opera en España para arrancar un compromiso de defensa al sector, elevando la imagen del producto, defendiendo la calidad y la información al consumidor, y poniendo algún tipo de freno a la utilización del aceite como “producto reclamo” con más del 60% vendido como marca blanca.

– Adecuación de la normativa de defensa de la competencia en materia agroalimentaria para, una vez que la Unión Europea ha suprimido cualquier mecanismo de regulación, contribuir a evitar posiciones de dominio en el mercado.

– Flexibilizar asimismo la legislación sobre Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, dotándolas de facultades que les permitan gestionar los mercados en situaciones de crisis.

– Modificar, dentro de la Ley de Calidad Agroalimentaria, la Ley de Interprofesionales y la Ley de contratos tipo de tal forma que permitan el establecimiento de acuerdos y contratos de venta de productos agrarios entre la producción y la distribución o la agroindustria, con precios de referencia de compra. Establecer a su vez la regulación y tipificación de la práctica anticomercial de abuso de posición dominante.

– Dentro de la Ley de Calidad Agroalimentaria poner en marcha un código de buenas prácticas comerciales.

– Establecimiento de políticas de apoyo a la concentración de la oferta como medida para hacer frente a la cada vez mayor concentración de la demanda.

– Implementar medidas ICO específicas que permitan obtener liquidez al sector productor y a las cooperativas. Esta medida establecería unas condiciones de venta del producto más justas.

– Articular los mecanismos necesarios para hacer cumplir la ley respecto a la venta a pérdidas.

Dada la gravedad de la situación, confiamos en que desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se pongan en marcha estas medidas de forma inmediata, para recuperar la imagen del producto y la rentabilidad para el productor, evitando así que nos veamos abocados a recurrir a otras actuaciones más contundentes.