25 de marzo de 2009.- La Unió denuncia que el proyecto de decreto del Gobierno Valenciano sobre medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos (pinyolà) únicamente permitirá el asentamiento del 10% del actual censo de colmenas de la Comunitat Valenciana en las zonas citrícolas.

La nueva normativa permitirá la instalación de alrededor de 40.000 colmenas en 66 municipios (sólo se permiten 650 colmenas en cada uno de ellos) de la Comunitat Valenciana (gran parte de sus términos municipales están fuertemente urbanizados, con viviendas diseminadas, o no se caracterizan por el predominio de campos de cítricos ya que incluye capitales y ciudades importantes de zonas urbanas), cuando el censo actual de colmenas es de cerca de 400.000 colmenas y de 1.667 apicultores.

A juicio de La Unió, el nuevo decreto es una «auténtica farsa orquestada desde Conselleria de Agricultura» porque además de limitar la presencia de ese número de colmenas, se exige contar con el previo consentimiento de todos los propietarios de fincas de cítricos existentes en un radio de 1 kilómetro alrededor del lugar de ubicación de las colmenas, condicionante que hace inviable la presencia de la actividad apícola en esas zonas.

No contenta con estas limitaciones ya leoninas, la Conselleria de Agricultura hace desaparecer por primera vez las indemnizaciones que percibían los apicultores valencianos desde hace muchos años por alejarlos de las zonas citrícolas, lo que provocará sin duda el abandono de numerosas explotaciones profesionales de un sector que ha sido emblemático en nuestro territorio y que por la ineptitud de la Conselleria podría pasar a ser testimonial. Cabe recordar así mismo que desde la Generalitat se adeuda todavía a los apicultores valencianos las indemnizaciones completas de 2008 y parte de las de 2007.

Carlos Muñoz Wilde, Responsable del Sector Apícola de La Unió, afirma que «la Conselleria de Agricultura ha tenido a los apicultores valencianos hasta la fecha a cadena perpetua, pero ahora da un paso más en su desprecio hacia el sector al condenarlos directamente a la pena de muerte. Tanto los apicultores como los citricultores de nuestra organización consideramos que esta no es la mejor solución para un problema que lleva tanto tiempo enquistado».

En este sentido Carlos Muñoz «exige que se depuren responsabilidades políticas de inmediato por este atropello hacia el sector apícola valenciano al que se ha mantenido engañado desde el pasado mes de junio bajo falsas promesas de que no se publicaría este año el Decreto”.