Palencia, 10 de marzo de 2006.- COAG-Castilla y León ha arrancado esta mañana, en el transcurso de la reunión de la Mesa de Saneamiento Ganadero, el compromiso del Director General de Producción Agropecuaria para estudiar la propuesta de indemnización por lucro cesante para aquellas explotaciones afectadas por un vaciado sanitario como consecuencia de las campañas de saneamiento oficial. Esta medida ya se aplica en otras CC.AA., y es una actuación imprescindible para que aquellas explotaciones que, a consecuencia de una circunstancia que en muchos casos escapa a la capacidad de control del propio ganadero, puedan mantener su explotación y reiniciar la actividad tras un vaciado sanitario.

Igualmente, el Director General ha reconocido que los actuales baremos de indemnización por sacrificio están muy por debajo del valor de mercado de los animales sacrificados. No obstante, a este respecto, se ha referido a que su actualización exige el acuerdo del Ministerio de Agricultura, ya que éste paga el 50 % de la indemnización.

En cuanto a los resultados de las campañas de saneamiento desarrolladas en 2007, se ha apreciado una ligera bajada de la prevalencia, en medias regionales, de la brucelosis y, en menor medida, de la tuberculosis. En relación a esta última, desde COAG-Castilla y León se ha advertido de que se está creando una gran desconfianza en el sector porque gran parte de los positivos detectados mediante la prueba intrademo luego no pueden ser confirmados como tales positivos en el matadero; a su vez, el propio Director General también ha reconocido que muchos de los positivos detectados mediante la prueba gamma interferó tampoco pueden ser confirmados una vez sacrificados los animales. Todo ello provoca que los ganaderos tengan la sensación de que se les están sacrificando reses que realmente no padecen la enfermedad, con los consiguientes perjuicios económicos y de movimiento pecuario asociados: retención de la tarjeta sanitaria, inmovilización del ganado para vida, imposibilidad de reponer los animales sacrificados, etc., y sin que éstos se vean en absoluto compensados con los actuales baremos de indemnización establecidos.

A pesar que desde COAG-Castilla y León se hizo llegar a la Consejería una propuesta alternativa de diagnóstico de la tuberculosis, avalada por prestigiosos veterinarios expertos en la materia, sin embargo desde la Dirección General la rechazan con el argumento de que los métodos por ellos utilizados son los únicos legalmente reconocidos, algo que, en todo caso, es discutible.

Respecto a la brucelosis, la Consejería ha indicado que deberá hacerse una tercera ronda de vacunaciones con la vacuna RB51 en vacas adultas en la zona de especial incidencia, lo que viene a confirmar, tal como ha denunciado COAG en reiteradas ocasiones, el bajo grado de inmunidad de dicha vacuna. Nuestra organización siempre ha defendido la alternativa de vacunar en novillas con la B19, vacuna que garantiza el 100 % de inmunidad; además de lo anterior, es necesario disponer ayudas para incentivar la reposición en las propias explotaciones.

A su vez, este año se realizará una segunda vuelta obligatoria de la prueba de tuberculosis para las explotaciones ubicadas en zonas de alta prevalencia y que hayan perdido la tarjeta sanitaria en uno de los tres últimos años. Son consideradas zonas de alta prevalencia aquellas que superan la media nacional; desde COAG se ha pedido a la D.G. que se facilite la relación de Unidades Veterinarias que tendrían esta consideración.

Por último, COAG-Castilla y León también ha solicitado a la Consejería que se faciliten al sector los datos de positividad a tuberculosis y brucelosis en fauna silvestre.