Madrid, 28 de agosto de 2007.- Desde que en el mes de julio de 2004 se presentara el proyecto de orden ministerial del MAPA para eliminar el certificado veterinario han pasado ya tres años y el compromiso contraído por los responsables del ministerio de Agricultura sigue siendo papel mojado por lo que a los ganaderos se les mantiene la obligación de cumplir con un requisito absurdo que no responde a ninguna necesidad real.

Hay que recordar que el origen de tan caprichosa exigencia, por la que el ganadero está obligado a presentar certificado veterinario para todos los animales de las especies bovina, caprina u ovina destinados a matadero, es el Real Decreto de diciembre del año 2000 que regulaba el programa integral coordinado de vigilancia y control de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET) en los animales.

Desde el mismo momento en que entró en vigor éste requisito, va para siete años, ASAJA, en nombre del sector productor ganadero, ha venido reclamando su supresión, al considerar que no aporta ninguna garantía adicional a la seguridad alimentaria y por el contrario supone una mayor carga burocrática, costes añadidos para el ganadero y una traba en el normal funcionamiento de la cadena comercial.

En el mes de julio de 2004, por fin parecía que el ministerio de Agricultura estaba dispuesto a enmendar la situación y en el proyecto de orden por la que se modificaba el Real Decreto antes citado, de 22 de diciembre de 2000, se recogía un cambio, en nuestra opinión el más importante, en relación con el certificado veterinario. A partir de la entrada en vigor de ésta orden, y según el compromiso del ministerio, solo sería necesario la declaración del responsable titular y el responsable veterinario para todos los animales destinados a matadero que tuvieran mas de 24 meses, en el caso de los bovinos, y mas de doce meses, para ovinos y caprinos.

Sin embargo, a finales de agosto de 2007 y cuando quedan pocos meses para que acabe la legislatura, la situación sigue siendo la misma que en diciembre de 2000 y el ministerio de Agricultura ni aprueba la citada orden, ni explica porqué no lo hace. Mientras tanto, a los ganaderos se les continúa exigiendo cumplir con un requisito absurdo e innecesario que no responde a ninguna necesidad real.