«La condicionalidad constituye una pieza clave de nuestra PAC reformada» afirmó Mariann Fischer Boel, Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural. «Los ciudadanos sólo considerarán aceptables los pagos directos si pueden comprobar que nuestros agricultores los reciben como contrapartida por la ejecución de tareas esenciales en las zonas rurales. Soy plenamente consciente de que numerosos agricultores están insatisfechos con el sistema de condicionalidad. Pero es tan justo como necesario y por ello se va a mantener. Ahora bien, ello no significa que no podamos introducir cambios para conseguir que funcione con mayor eficacia.»
El sistema de condicionalidad representó uno de los grandes elementos de las reformas de la PAC de 2003. Incluye la posibilidad de reducir o suprimir los pagos directos a los agricultores que incumplan las normas pertinentes. Consta de dos componentes, los «requisitos legales de gestión» (RLG) y las «buenas condiciones agrarias y medioambientales» (BCAM). Los RLG se componen de 19 disposiciones, mientras que las normas mínimas de la BCAM deben ser definidas por los Estados miembros dentro de un marco comunitario.
En 2005 se llevaron a cabo 240 898 controles sobre el terreno que afectaron a un 4,92 % de los agricultores sujetos al sistema de condicionalidad. Se aplicaron reducciones de los pagos a un 11,9 % de los agricultores sometidos a esos controles in situ. La mayor parte de los casos de incumplimiento registrados consistían en el quebrantamiento de las disposiciones sobre identificación y registro del ganado, y casi todos los demás en infracciones de las BCAM y de la Directiva sobre nitratos.
La Comisión ha publicado ya desde 2005 siete documentos de orientación destinados a los Estados miembros y ha fomentado el intercambio de las mejores prácticas. En el futuro, seguirá favoreciendo ese tipo de debate. No obstante, también puede proponerse una serie de medidas prácticas específicas para simplificar el funcionamiento del sistema:
Mejoras específicas
– Los Estados miembros deberán quedar autorizados para abstenerse de perseguir los casos de incumplimiento que, por su escasa importancia, no den lugar a la reducción mínima. No obstante, deberá seguirse enviando una carta de apercibimiento al agricultor afectado y garantizarse el oportuno seguimiento del asunto.
– Se propone asimismo establecer una regla de minimis en virtud de la cual no se aplicarán las reducciones inferiores a 50 euros. También en este caso se enviará una carta de apercibimiento y se procederá al seguimiento adecuado.
– La Comisión se propone introducir un porcentaje único de control (del 1 % como mínimo) para los controles sobre el terreno relativos al cumplimiento de las normas de condicionalidad.
– Actualmente, cuando las inspecciones ponen de manifiesto un nivel de incumplimiento significativo, se intensifican los controles. En el futuro, este incremento de los controles se concentrará exclusivamente en los sectores de riesgo y no en todas las normas como sucede actualmente.
– La Comisión abrirá la posibilidad de anunciar las inspecciones con una antelación de hasta 14 días, siempre que ello no ponga en peligro el objetivo de los controles. No obstante, las inspecciones relativas a la legislación sobre piensos y alimentos y a la salud, el bienestar, la identificación y el registro de los animales seguirán siendo inopinadas.
– Las autoridades nacionales deberán determinar el momento óptimo del año para comprobar el cumplimiento de la mayor parte de las obligaciones, asegurando al mismo tiempo que ninguna de esas obligaciones sea pasada por alto.
– Los controles deberán realizarse únicamente en la mitad de las parcelas y no en toda la explotación.
– Los agricultores deberán recibir el informe de control en un plazo máximo de tres meses después de la ejecución de los controles.
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– Se mejorará la selección de la muestra de control, la cual pasará a incluir un elemento aleatorio.
– La Comisión clarificará la información que los Estados miembros deben facilitar a los agricultores.
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