Han tenido que pasar tres años para que se imponga el sentido común en la Fundación “Tierra de Viñedos de Castilla-La Mancha”. Ahora, todo el mundo parece ver claro que lo justo es que, aunque los agricultores contribuyan en su financiación, no sean los únicos en hacerlo, que si el objetivo de la Fundación es promocionar nuestros vinos, lo normal es que la industria vinícola también participe, y que no tiene ningún sentido pagar canon alguno por el porcentaje del vino destinado a la destilación.

Los diputados de los grupos socialista y popular en las Cortes regionales ven con buenos ojos la propuesta de ASAJA. Esta se hace con vistas a la modificación de la ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha en lo que concierne a las aportaciones al Fondo de Promoción. Ya hace un tiempo la consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, reconoció que esta modificación tenía que hacerse y fue el compromiso de que se haría lo que facilitó que ASAJA firmara en su día el acuerdo para poner en marcha un proyecto con cuya finalidad, ayudar al sector en la comercialización –su punto más débil-, todos estábamos de acuerdo. Esperemos que, aunque con tres años de retraso, estos cambios se produzcan, que todos los que vivimos del vino paguemos, que la Fundación empiece a dar frutos y nuestros vinos se vendan más y mejor, que es de lo que se trata.

Ahora bien, no podemos dejar de extrañarnos por las declaraciones del actual presidente de la Fundación quien, en las reuniones de la Sectorial del Vino de ASAJA de Castilla-La Mancha -a la que pertenece-, mostró, antes de acceder a su actual cargo, su total disconformidad con que la Fundación la financiaran casi en su totalidad los agricultores. Suena cuanto menos sarcástico que hable de las facilidades que se da a los agricultores para realizar los pagos –cuatro cómodos plazos- gracias a los cuales se sostiene una, según denominación del propio presidente, empresa privada. Se olvida que en cualquier empresa privada difícilmente se habría obligado a quienes ponen el dinero a hacerlo sí o sí – los cooperativistas hablan de ‘impuesto revolucionario’-, ni tampoco a financiar un negocio del que otros saquen tajada sin poner un duro, por no hablar de las responsabilidades que se habrían pedido por no ver resultados en tres años de gestión.

Esperemos que en breve todo cambie, porque no ha sido fácil convencer a las cooperativas de que a la vuelta de unos años todos nos alegraremos de la puesta en marcha de la Fundación, y ya hay muchos viticultores que desconfían y piden que, al menos, no tengan que pagar la publicidad de vinos que no son de Castilla-La Mancha. Si se hacen buenos proyectos de promoción, si somos capaces de sacarlos adelante y, por fin, conseguimos que nuestros caldos ocupen el lugar que les corresponde, todo se dará por bien empleado, si no, y como estamos ante una empresa privada, habrá que exigir responsabilidades.