Madrid, 21 de junio de 2006.- El sector industrial cárnico agrupado en CONFECARNE (Confederación de Organizaciones Empresariales del Sector Cárnico de España) ha expresado su preocupación por el fuerte incremento en los precios del porcino, su principal materia prima, que desde principios de año ha experimentado una subida del 23%, Esta subida, unida a otros aumentos de costes significativos que tienen que soportar las empresas, como consecuencia de nuevas medidas reglamentarias, está poniendo en serios apuros la competitividad y la viabilidad de las industrias tanto en el mercado interior como de cara a las exportaciones.
El precio del cerdo cebado en la Lonja de Mercolleida, el principal mercado de referencia para el porcino en España, ha subido en lo que va de año nada menos que un 23%. De hecho, la última cotización de cierre de 2005, correspondiente al 29 de diciembre, fue de 1,067 euros/kg vivo, mientras que la del pasado 15 de junio se situó ya en 1,312 euros/kg vivo.
Por otra parte, la industria cárnica denuncia que, comparativamente, los precios del cerdo en nuestro país están muy por encima de los que registran nuestros principales competidores comunitarios en los mercados exteriores, como Francia, Dinamarca, Alemania, Holanda o Italia, cuando los costes de producción en España son los más bajos de todos estos países. Así, en lo que va de año, la media de cotización de la canal de porcino en España está un 9% por encima de la media de la Unión Europea (UE-25), un 14,7% por encima de Holanda, un 11,3% por encima de Francia, un 4% por encima de Alemania y un 20,7% por encima de la cotización en Polonia.
A todos estos incrementos, ya de por sí importantes, los mataderos, salas de despiece y fábricas de elaborados cárnicos han de sumar la subida de costes producida en la factura energética por la escalada de los precios del petróleo, así como el impacto de nuevos costes de naturaleza reglamentaria a nivel comunitario y español. Entre éstos, hay que destacar los nuevos costes asumidos para la implementación, desarrollo y control de los programas de trazabilidad de los productos y seguridad alimentaria, de obligado cumplimiento para todo el sector desde el pasado 1 de enero; los costes de adaptación a la avalancha de nueva normativa de carácter medioambiental (IPPC, registro EPER, Autorizaciones Ambientales Integradas…); los costes de adaptación al nuevo “Paquete de higiene”; los costes de la gestión, tratamiento y destrucción de las harinas cárnicas, así como la subida de los costes laborales producto de la negociación colectiva.
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