Los servicios técnicos de ASAJA de León han tramitado desde primeros de marzo hasta hoy 15 de mayo que finaliza el plazo, una total de 2130 expedientes de ayudas de la PAC a otros tantos agricultores y ganaderos de toda la provincia. Estas solicitudes que la organización agraria ha incrementado un 45% respecto al año anterior, representan el 15% de todos los expedientes tramitados en la provincia, y en dinero percibido el 28% de los algo más de 90 millones de euros que en estos conceptos llegarán al sector. Los expedientes tramitados por ASAJA, al ser la mayoría de agricultores y ganaderos profesionales, representan importes de ayuda superiores a la media de la provincia.

Las ayudas tramitadas son las ayudas directas a cultivos herbáceos, ayudas agroambientales, a zonas desfavorecidas, ayudas de pago único, prima al sacrificio de bovinos, ayudas directas al sector lácteo, vaca nodriza y remolacha, ayudas a los cultivos energéticos, y prima a las proteaginosas, como más destacadas. En el mismo expediente se han efectuado alegaciones a los derechos de pago único, reasignaciones de derechos, y alegaciones al Sigpac.

Estas organización agraria ha venido denunciando las dificultades con las que se ha encontrado para llevar a cabo este ingente trabajo, fundamentalmente por el retraso en la publicación de la normativa y el retraso en la homologación de los programas informáticos. El retraso en el inicio de la campaña no se ha compensado con unas ampliaciones de plazo a todas luces insuficientes, por lo que la organización, para dar solución a los problemas de los agricultores asociados, ha tenido que redoblar los esfuerzos haciendo jornadas de trabajo de quince horas incluyendo fines de semana. Aun así, se abre hoy un periodo de revisión y modificaciones que finaliza a mediados de junio, por lo que en modo alguno se puede dar este trabajo por concluido. ASAJA, como el resto de organizaciones profesionales agrarias, han exigido a la Junta que de cara a próximos años se considere a las OPAS como colaboradoras de la Administración, siguiendo fórmulas ya utilizadas en otras regiones, y se doten fondos para subvencionar este trabajo que se está convirtiendo en un lastre económico para las organizaciones agrarias. A modo de ejemplo, la campaña PAC le ha supuesto un coste a ASAJA de León superior a los 150.000 euros, ya que la organización agraria tiene que pagar desde los gasto de personal a los propios de los programas informáticos, inversiones en equipos, papelería, fotocopias, etcétera. De esta cantidad, una parte se recupera mediante convenios con las entidades financieras en la que se domicilian los pagos.

ASAJA espera que la mala experiencia de este año no vuelva a repetirse, y que de cara a próximas convocatorias de ayudas se pueda planificar el trabajo entre la Administración y las organizaciones profesionales agrarias que de una forma oficiosa son “entidades colaboradoras” en estas materias.

León, 15 de mayo de 2006