Bruselas, 14 de diciembre de 2005.- Las organizaciones agrarias, AVA-ASAJA y La Unió-COAG, encabezadas por sus máximos responsables, Cristóbal Aguado, y Joan Brusca, respectivamente, han presentado hoy en Bruselas, acompañados por el Director General de la Delegación de la Comunidad Valenciana en Bruselas, Juan Manuel Revuelta, ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, un informe avalado por la Universidad Politécnica de Valencia, para demostrar la práctica de “venta a pérdida” de Aldi y Lidl.

AVA y La Unió ya presentaron el año pasado por estas fechas una queja formal ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, con el objetivo de iniciar una investigación para garantizar el buen funcionamiento de los mecanismos de la competencia en la UE.

En la reunión de esta tarde la Dirección General de la Competencia se ha comprometido a impulsar un grupo interservicios, junto a las Direcciones Generales de Agricultura y la de Mercado Interior, para estudiar la problemática denunciada en el informe presentado por AVA y La Unió.

Del mismo modo La Unió y AVA harán llegar en los próximos días este informe al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo, con objeto de continuar con la estrategia iniciada hace un año de evitar las prácticas de venta a pérdida, asesorados por técnicos de la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea.

En el informe presentado se indica que Aldi y Lidl ofertaron durante el año pasado naranjas a 0,445€/kg. y 0,495€/kg, y clementinas a 0,39€/kg., cantidades que se sitúan muy por debajo del precio mínimo de venta al público para que el agricultor también tenga un mínimo beneficio.

Para AVA y La Unió, estas prácticas, que suponen en la mayoría de ocasiones pérdidas para los supermercados en estos productos, alteran la percepción de los consumidores en el sentido que les parezca caro un cítrico vendido a precio normal, hecho que desvía la compra hacia productos sustitutivos, presionando a la baja los precios percibidos por los productores.

Por todo ello, las organizaciones agrarias consideran que hay indicios suficientes para que se inicie una investigación formal por parte de las autoridades europeas competentes y así se lo han trasladado a Yves Devellennes, jefe de la Unidad E (Industria, Bienes de Consumo y Sector Manufacturado); Andrés Font, jefe adjunto de la Unidad E1 (Bienes de Consumo y Productos Alimentarios); y René Plank, administrador principal para asuntos agrarios de la Unidad E1.

Así mismo, consideran indispensable la introducción de cambios en la actual legislación de la competencia, que garantice una comercialización justa, y proponen establecer una banda de fluctuación de precios que impida su caída por debajo del precio de coste o su subida por encima de márgenes comerciales razonables, obligando al doble etiquetado cuando los precios se sitúen fuera de la banda de fluctuación.

El estudio también refleja que la verdadera concentración de la oferta se produce a nivel de país, donde 2 ó 3 grandes cadenas de distribución poseen cuotas de mercado muy elevadas, que incluso llegan a ser superiores al 90 % en la distribución de frutas y hortalizas. A escala mundial, la distribución se encuentra en manos de una única cadena comercial, la americana Wal-Mart, con un volumen de negocio de más de 240.000 millones de euros, seguida de la empresa europea Carrefour, con 90.370 millones de euros. A nivel europeo, Schwarz Group (Lidl) y Aldi ocupan el séptimo y octavo lugar, respectivamente, con el 3% de la cuota de mercado de frutas y hortalizas, y las previsiones para 2008 es que todavía mejoren su situación, ascendiendo al cuarto y séptimo puesto, respectivamente.

La cada vez mayor competencia entre las empresas de distribución está dando lugar a situaciones de oligopolio, obligando a realizar grandes ofertas para atraer al consumidor, hecho que empuja a sus competidores a efectuar ofertas similares, provocando una bajada del precio del producto, al tiempo que implica una enorme competencia entre los distintos proveedores, superiores en número respecto a las pocas cadenas comerciales, que ven aumentado su poder de negociación. Los proveedores caen en una sumisión desmesurada, aceptando unas exigencias de la gran distribución que, en ocasiones, son más caprichosas que fundamentadas, encareciendo el servicio sin aportar ningún valor añadido al consumidor.

Para AVA y La Unió, la concentración y la competencia oligopolística de la distribución generan una reducción de precios sin ninguna contraprestación para el productor. Así mismo, advierten de la proliferación de grandes superficies denominadas Discount o Hard Discount, que desde 1992 han duplicado el número de tiendas hasta alcanzar las 32.500 en 2004, con 109.600 millones de euros de ventas y una cuota de mercado de frutas y hortalizas del 10%. Lamentablemente, este tipo de cadenas de descuento se sitúan mayoritariamente en los países donde la venta de los cítricos valencianos y españoles es fundamental, siendo Aldi y Lidl líderes en este tipo de estructura comercial.

La venta a pérdida, ya prohibida por algunas legislaciones nacionales, debería verse imposibilitada por una norma de rango comunitario que regule las prácticas de fijación de precios de los productos perecederos. Los precios de venta al público deberían reflejar (con un desfase admisible de una o dos semanas) las variaciones de las cotizaciones en origen, más el margen de beneficio que cada operador comercial establezca.

El estudio pone de manifiesto, además, que el precio percibido por los agricultores en la venta de mandarinas tiene una tendencia a la baja y no contempla, ni siquiera, el aumento del IPC anual. Entre la campaña de 2003 y 2004, los precios se redujeron drásticamente, principalmente entre los meses de noviembre y diciembre, “coincidiendo, justamente, con las ofertas y bajos precios de compra por parte de las cadenas de distribución Aldi y Lidl”.

Tras hacer una dura crítica de la actual Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas, el estudio presentado hoy en Bruselas por AVA y La Unió apunta también una serie de mejoras para reducir los desequilibrios entre la oferta y la demanda, tales como la potenciación de las organizaciones de productores (OPFH); y la optimización de los Fondos Operativos con la supresión de la contribución financiera obligatoria de los socios de la OPFH con el objetivo de que las inversiones y gastos las realice la OPFH y no el agricultor; así como mejorar los mecanismos de gestión de crisis con nuevas fórmulas como la distribución gratuita de frutas y hortalizas, retiradas en campo para utilizarse como abono en verde, financiar reducciones de producción y poner en marcha un régimen de seguros que garantice las rentas de los agricultores. Ambas organizaciones apuestan también por la promoción hortofrutícola y por el estricto cumplimiento de la prohibición de cultivar frutas y hortalizas en tierras que perciben ayudas desacopladas, es decir, no ligadas a la producción, para evitar competencias desleales y perturbaciones del mercado.