Madrid, 21 junio de 2005. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, muestra su preocupación por el fracaso sobre la decisión del Presupuesto de la Unión Europea para el próximo período 2007-2013, ya que afecta gravemente a la puesta en marcha de la nueva política de desarrollo rural. En este sentido, COAG no acepta que la programación financiera para las políticas de agricultura y desarrollo rural pueda ser reducida por la negativa de ciertos países ricos a disponer recursos necesarios para el desarrollo adecuado de ambas políticas.

Es importante señalar la distribución de las ayudas agrarias entre los beneficiarios de la Unión Europea. Así, según un informe del Parlamento Europeo , el 20% de las explotaciones recibe el 73% de las ayudas directas. En 1999, las explotaciones de “grandes cultivos” recibían así, en promedio, 11.600 euros por explotación, con unas diferencias que van de 1.600 euros para Portugal a 31.700 para Francia y hasta 51.700 para el Reino Unido. Dichas diferencias suponen que Portugal se sitúa un 625% por debajo de la media mientras que el Reino Unido un 78% por encima (esto es 4,5 veces por encima de la media).

El responsable de Relaciones Internacionales y de Desarrollo Rural de COAG, Javier Sánchez Ansó, ha declarado en base a los datos anteriormente expuestos que, “la solución no se basa en la reducción de las ayudas agrícolas ni en la cofinanciación de las mismas, lo que está en contra del principio de la solidaridad financiera de la Unión Europea. COAG considera que es el momento de formular otra política agraria y desarrollo rural que reconcilie objetivos productivos, medioambientales, sociales y de ordenación del territorio. Para ello, una mejor utilización y mejor distribución del dinero disponible permitiría apoyar el mantenimiento de una agricultura productiva y de calidad así como al desarrollo rural.”

En este sentido no sería admisible una reducción de la dotación a la política de desarrollo rural. Dadas las deficiencias estructurales de las zonas rurales y de la agricultura, de cara al futuro, se necesita impulsar decididamente esta política si queremos afrontar los grandes retos que se presentan a la agricultura y ganadería europeas. El presupuesto a considerar para el desarrollo rural habría, por tanto, de establecerse como mínimo en los 95.000 millones de euros de la propuesta del Parlamento. Sería necesario también implementar otros Fondos financieros que complementen la labor del nuevo Fondo Europeo para la Agricultura y el Desarrollo Rural (FEADER). Entre los mismos, destacarían el Fondo Social Europeo (FSE) para el caso de la formación, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la financiación aquellas infraestructuras y servicios, que propicien un adecuado desarrollo económico de las zonas rurales, y un nuevo instrumento financiero con dotación adicional e independiente que se ocupe del mantenimiento de la biodiversidad a través de la Red Natura 2000.

En cuanto al nuevo reglamento de desarrollo rural, COAG considera como positivas ciertas demandas españolas que van a tenerse en cuenta en la nueva propuesta de Reglamento para el próximo período 2007-2013, tales como el mantenimiento de las actuales zonas desfavorecidas con riesgo de despoblamiento. No obstante, y teniendo en cuenta la diversidad de las zonas rurales y agrícolas de la Unión Europea, no estamos de acuerdo en los porcentajes mínimos de gasto a destinar a cada uno de los tres ejes. Consideramos que cada Estado Miembro, en función de sus necesidades, pueda programar sus perspectivas de gasto en función de sus necesidades.

COAG considera que la medida “Aumento del valor añadido de la producción primaria” pueda abrirse a otro tipo de empresas de “cierto tamaño” pero siempre y cuando sean cooperativas u otras formas asociativas participadas por agricultores y ganaderos, y no empresas ajenas al sector, los que internalizen el valor añadido de sus productos agrarios (transformación y comercialización).

Finalmente COAG considera que el nuevo Reglamento de Desarrollo Rural 2007-13 habría de articular, de forma prioritaria, mecanismos mediante los cuales pudieran redistribuirse los fondos de la agricultura y desarrollo rural hacia las Explotaciones Familiares Agrarias Sostenibles y hacia determinados colectivos (jóvenes y mujeres) para lo que se hace necesario la formulación de una ley básica de agricuotura y desarrollo rural.