6 de abril de 2005. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha transmitido a la Asociación de Productores de Semillas (APROSE) las directrices de la futura normativa sobre coexistencia de cultivos transgénicos y convencionales, en una reunión a la que han asistido la Ministra, Elena Espinosa, el Secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Moraleda, y el Director General de Agricultura, Ángel Luis Álvarez. En el encuentro, celebrado con los representantes de APROSE en la sede del MAPA, se han abordado los diversos aspectos relacionados con el futuro Real Decreto que regulará la materia.

Esta norma, una vez que entre en vigor, será de obligado cumplimiento para todos los operadores y los agricultores que siembren variedades transgénicas y contendrá un conjunto de medidas a aplicar por dichos agricultores.

Se adoptarán las medidas necesarias con el fin de que se pueda disponer de la mayor información posible acerca del cultivo, tanto para conocimiento de los agricultores vecinos y que cultivan variedades convencionales o ecológicas, como para conocimiento de la Administración Central y Comunidades Autónomas.

Uno de los ejes fundamentales de la futura normativa es que contará con un plan de supervisión sobre la aplicación de las normas y estudio de los resultados de la coexistencia, que se llevará a cabo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas con el fin de recoger de forma sistemática información sobre la realidad en el campo.

Asimismo se deberán respetar unas distancias mínimas entre el cultivo transgénico y los convencionales o ecológicos, junto con el establecimiento de surcos perimetrales, que actúen como tampón, para evitar polinizaciones involuntarias y la creación de zonas refugio en el caso de variedades resistentes a insectos.

Esta reunión se ha enmarcado en el proceso de consultas que el MAPA está llevando a cabo con los sectores interesados sobre el Real Decreto de coexistencia que regulará esta materia en España atendiendo a las recomendaciones formuladas por la Comisión Europea.

En este proceso se ha contado con la participación, desde hace meses, de las Comunidades Autónomas, asociaciones vinculadas con el sector de la agricultura ecológica, organizaciones agrarias y ambientalistas y expertos, entre otros, así como con la Comisión Nacional de Biovigilancia, órgano de consulta del Ministerio en el que también participan las diferentes instituciones y agentes sociales vinculados con esta materia.