Madrid, 4 de octubre´04. El presupuesto global del Ministerio de Agricultura para el 2005 asciende a 8.402 M€, de los cuales, cerca de 7.000 M€ corresponden a la aportación prevista por las arcas comunitarias para el ejercicio de 2005. Estos cifras demuestran que el MAPA continúa siendo subsidiario de las políticas comunitarias a través de la financiación que llega del FEOGA. COAG sostiene que el simple seguimiento de las políticas comunitarias resulta claramente insuficiente y también peligroso para el mantenimiento de la actividad agraria en el conjunto del Estado Español.

La aportación estatal al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación se incrementa, tan sólo, en un 3,7 % respecto al año 2004; cuando el incremento global de los Presupuestos Generales del Estado asciende en el ejercicio 2005 un 6,5 % con respecto al ejercicio anterior.

En este sentido, Miguel López, secretario general de COAG, ha apuntado que “espero que en la tramitación parlamentaria se eleven al alza las cantidades destinadas al sector porque, hoy más que nunca, se hace necesario tomar la iniciativa y desarrollar políticas agrarias de Estado tendentes a la superación de la situación de marginalidad que venimos padeciendo social y económicamente. El Gobierno español tiene que ser consciente de que la reforma de la PAC nos ha puesto muy difícil la tarea de seguir siendo agricultores y ganaderos y, por tanto, debe reenfocar las políticas estatales hacia el objetivo del mantenimiento de los profesionales en el campo y a evitar que los que aguantamos en nuestras explotaciones nos veamos obligados a abandonar nuestra actividad; para todo esto, lo primero es contar con presupuesto”.

En consecuencia, COAG considera que los presupuestos que presenta el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación no responden a las necesidades de los profesionales agrarios, ya que no afrontan los grandes retos a los que la agricultura y la ganadería se enfrentan en esta nueva etapa. COAG espera que, durante la tramitación parlamentaria, se incremente la partida destinada al sector agroganadero y al medio rural en general con unas cantidades que pueda afrontar con solvencia los retos a los que se enfrentan nuestros agricultores y ganaderos. La respuesta a este planteamiento debe ser una política de Estado tendente a asentar un modelo de agricultura social basado en la profesionalidad y la multifuncionalidad.