El secretario general de UPA-Castilla-La Mancha, Cristóbal Torres, ha recordado que «UPA-Castilla-La Mancha fue la única organización de nuestra región, además de algún grupo ecologista, que se opuso al Plan Hidrológico Nacional y al Plan Nacional de Regadíos, porque no daban soluciones a los déficits históricos de Castilla-La Mancha, e incluían por ejemplo, los trasvases y las obras del Júcar-Vinalopó, Tálave-Cenajo y Taibilla-Fuensanta. Fuimos también la única organización agraria que se encerró en el Ayuntamiento de Hellín contra las obras del Tálave-Cenajo». Torres ha manifestado verse compensado ahora, porque «nuestra lucha no ha sido en vano, y hoy el presidente de Castilla-La Mancha defiende una postura de defensa de las necesidades de los castellano-manchegos, similar a la que UPA mantuvo en solitario para oponerse al Plan Hidrológico Nacional». De este modo UPA-Castilla-La Mancha ha mostrado su apoyo al presidente Barreda en el establecimiento de las necesidades de agua de los castellano-manchegos como prioridad.

El secretario general de UPA-Castilla-La Mancha ha enumerado entre las necesidades de la agricultura regional: que se doten de una vez las 75.000 hectáreas de regadíos declarados de interés nacional en el canal de Albacete, La Manchuela y La Sagra-Torrijos; así como las 150.000 hectáreas de nuevos regadíos incluidas en la Propuesta Regional al Plan Nacional de Regadíos. Igualmente Torres estima imprescindible dotar suficientemente las miles de hectáreas de regadíos actualmente infradotados.

Cristóbal Torres también se ha referido a la situación del Alto Guadiana, «donde algunos se han dedicado, no a traer agua de fuera, sino a quitársela a los regantes que menos agua tienen, llegando a quitarle agua al 93% de los pequeños regantes, para dársela al 7% de grandes propietarios. Son situaciones que hay que cambiar, como el Plan de Humedales que ha permitido que en sólo diez años 154 explotaciones se embolsen 17.000 millones de pesetas». Torres ha manifestado que tras el verano se constituirá una Mesa que estudie el Plan Especial del Alto Guadiana, «elaborado de espaldas a la sociedad», en la que se podrá negociar «todo lo que no se ha negociado antes».