Recientemente se ha podido conocer el proyecto de comunicación que la Dirección General de Agricultura ha presentado a la Comisión Europea sobre el sector del azúcar como paso previo a la reforma de su OCM. Desde COAG se valora de forma muy negativa las propuestas presentadas en dicho documento por ser un ataque directo a la viabilidad de muchas explotaciones de Castilla y León al afectar a uno de los cultivos más estratégicos para la agricultura de esta región, la remolacha, con lo que se contribuiría a hundir un poco más las ya bajas rentas del sector.

En esta comunicación se ponen sobre la mesa una serie de medidas (reducción del precio de la remolacha en más de un 37%, se pasaría aproximadamente de los 48 euros actuales por tonelada a 27, en dos fase sólo compensado en un 60% por una nueva ayuda que se daría a los cultivadores en función de la remolacha sembrada en el periodo de referencia establecido en la reforma de la PAC (2000 – 2001 – 2002), reducción paulatina de las cuotas europeas en 2,8 millones de toneladas, inicio de un proceso de reestructuración industrial a nivel europeo o la posibilidad de que los derechos de producción de remolacha puedan pasarse de un país a otro); que se pueden considerar muy negativas para los cultivadores de la región.

Desde COAG se sigue apostando, como ya se ha puesto en evidencia anteriormente, por el mantenimiento del sistema de cuotas y de precios actuales que ha ofrecido, desde 1968, una cierta seguridad a los productores y que no hay que olvidar no supone ningún coste a las arcas europeas. Es el momento de que las intenciones se conviertan en actuaciones de tal forma que todo el sector, Administraciones, industrias y cultivadores, luchen por tratar de frenar los planteamientos amenazantes lanzados desde Bruselas. En este sentido, el Ministerio de Agricultura, cuya rama agrícola dirige Fernando Moraleda, debe ser beligerante ante el ataque que va a sufrir un sector tan estratégico y tratar de frenar estas propuestas.

Por último, esta Organización considera lamentable que una reforma que ataca directamente a las rentas de los agricultores sea financiada por ellos mismos a través de los presupuestos establecidos para la Política Agraria Europea. Además, no se entiende que sea la UE la que de el primer paso en este asunto cuando todavía quedan un número muy importante de acontecimientos internacionales que afectan al futuro del azúcar y que no se sabe muy bien como se van a resolver: ronda de Doha de la OMC, los precios de los mercados mundiales, la demanda que países como Brasil, Tahilandia… tienen puesta ante la Organización Mundial del Comercio por las exportaciones de azúcar al mercado mundial que la realiza la Unión Europea, especialmente franceses y alemanes.

Valladolid, martes 22 de junio de 2004