29.3.2004. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), considera como una tomadura de pelo para el sector productor de frutos secos la actuación del Ministerio de Agricultura en relación con la aprobación y publicación de la orden que regula la concesión de ayudas a los productores de frutos secos para la campaña 2004.

A pesar de las reiteradas iniciativas de UPA y otras organizaciones agrarias para tratar de negociar y consensuar la citada normativa, el Ministerio de Agricultura haciendo caso omiso ha decidido publicar la orden sin tener en cuenta las alegaciones presentadas por el sector productor de frutos secos.

UPA considera inadmisible que la normativa contemple la posibilidad de agotar la totalidad del presupuesto comunitario y sin embargo deje sin cubrir la parte que corresponde a ayudas nacionales autorizada por la Unión Europea que podría alcanzar otros 120,75 €uros por hectárea, más si tenemos en cuenta las graves pérdidas ocasionadas en el sector por las heladas de los últimos meses y que en algunos casos como la almendra afecta al 90% de la producción.

Otra de las reivindicaciones de UPA de que la orden limitara las hectáreas con derecho a ayuda para evitar posibles fraudes en un futuro, tampoco se ha tenido en cuenta. UPA consideraba de vital importancia para el sector que se realizara una “foto fija” de la superficie con derecho a ayuda, evitando por un lado la posible intrusión en nuestro sector de otras superficies especulativas y por otro garantizar una ayuda estable a los agricultores históricos de frutos secos que son realmente los que han luchado por el mantenimiento del sector, evitando así que en un futuro se pueda ir abandonando paulatinamente el cultivo por una falta clara de rentabilidad ante una posible penalización de las ayudas por sobrepasamiento de la superficie nacional garantizada.

UPA confía que el próximo gobierno tenga en cuenta las propuestas del sector y espera que la orden que regule las ayudas para el próximo año, incorpore las citadas reivindicaciones que sólo pretenden que se proteja a los productores tradicionales de frutos secos de España.