A raíz de la imposición de sanciones comerciales de la Unión Europea a EEUU por el asunto de las Foreign Sales Corporation (FSC), la American Farm Bureau (AFB), el principal sindicato de agricultores de Estados Unidos, ha hecho un llamamiento al Congreso para adapte las leyes según el mandato de la Organización Mundial del Comercio (OMC), evitando las sanciones.

Para la la AFB, la sanciones de la UE pueden repercutir en graves pérdidas para los agricultores norteamericanos si los legisladores no actúan con rapidez, ya que podrían perder cuota de mercado en determinados productos, como la harina de soja, que serían ocupados por otros países competidores.

En el año 2000, la UE abro el litigio contra EEUU sobre esta cuestión solicitando sanciones por 4.040 millones de dólares, después de que un panel de la OMC condenara estas ayudas. En 2001 el Comité de Apelación de la OMC emitió un informe por el que declaraba inconsistentes las ayudas de EEUU con los dictámenes de la OMC, rechazando las objeciones de EEUU a la decisión del panel.

Las ayudas FSC se conceden a las empresas norteamericanas que operan con domicilio social en paraísos fiscales (Bahamas, Islas Vírgenes, Barbados etc..) y suponen alrededor de 3.500 millones de dólares al año en subsidios a la exportación. Aunque estas ayudas no se refieren concretamente a productos agrarios, sí que hay productos agrarios que han sido beneficiados por ellas (fundamentalmente soja y cereales).

En sucesivas resoluciones, la OMC decidió que el régimen FSC constituía una subvención ilegal a la exportación conforme al Acuerdo sobre subvenciones y, por lo que respecta a los productos agrícolas, al Acuerdo sobre agricultura, y comunicó a los EE.UU. que disponía de plazo hasta el 1 de noviembre de 2000 para suprimir dicho régimen.

El 15 de noviembre de 2000, el Presidente Clinton promulgó la Ley de Exclusión de los Ingresos Extraterritoriales (ETI), con la intención de que sustituyera al régimen FSC. La UE impugnó ante la OMC esta ley porque no modificaba la sustancia del régimen de subvenciones a la exportación. En enero de 2002, la OMC confirmó que la ley ETI constituía asimismo una subvención a la exportación prohibida y que, por lo tanto, los EE.UU. no se habían atenido a su anterior resolución de suprimir tal subvención.

El 7 de mayo de 2003, la OMC aprobó la petición de la UE de imponer contramedidas por un nivel aproximadamente igual al cálculo de la subvención estadounidense anual (es decir, 4 000 millones de USD). La UE, sin embargo, evitó un recurso inmediato a la retorsión para que el Gobierno y el Congreso de EE.UU. pudieran disponer de un plazo razonable para adoptar la legislación necesaria al objeto de derogar la ETI.