El pasado día 7 de Octubre fue presentado en Madrid ante la opinión pública y medios de comunicación el recién constituido Foro Natura 2000 de España, desde el cual se pretende actuar como lugar de encuentro y debate sobre la futura aplicación en todo el espectro geográfico de la Unión Europea y particularmente en España de una red ecológica de espacios protegidos para la conservación favorable de los habitats, las especies y la biodiversidad, fruto de la trasposición de las directivas europeas aves y habitats a las normativas nacionales de cada Estado Miembro.

En el caso concreto de España se pretende que su participación en la Red Natura 2000 alcance aproximadamente la friolera cifra de 16 millones de hectáreas o lo que es lo mismo mas del 30% del territorio nacional y cerca del 40% de la superficie global de la operación Natura 2000 en el total de la UE.

Los objetivos que persiguen los integrantes del Foro entre los que se encuentran, la Real Federación Española de caza (RFEC), la Oficina Nacional de Caza (ONC), el Grupo Empresarios Agrarios (GEA), Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), la Asociación de Productores de Caza (APROCA) y la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS) son en primer lugar la demanda de información clara y veraz sobre los propósitos, obligaciones, limitaciones a los derechos de propiedad y posesión que se deriven de la futura aplicación efectiva de Natura 2000, y en su caso compensaciones económicas que sufraguen las anteriormente señaladas limitaciones a unos derechos constitucionalmente recogidos en nuestra carta Magna y en los Tratados de la Unión Europea tal como expusieron los ponentes invitados D. Jaime Lamo de Espinosa, ex Ministro de Agricultura y Catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid y D. Thierry de L’Escaille, Secretario General de ELO (European Landowner Organisation) y Presidente Europeo del Foro Natura 2000.

Es realmente sorprendente por no decir escandaloso que hasta la fecha ninguna de las diferentes administraciones comunitarias, nacional y regional competentes en este proyecto hayan informado y consultado a los principales actores del medio rural afectados de la designación de los LICS y ZEPAS ( lugares de importancia comunitaria y zonas de especial protección para las aves), un amplio colectivo formado por propietarios, cazadores, agricultores, ganaderos, etc. , que demandan su papel activo como interlocutores en la designación y gestión de los espacios a proteger.

Red Natura 2000 lejos de conseguir los objetivos legítimos y deseables que originaron su nacimiento en la búsqueda del respeto y mantenimiento de un medioambiente más acorde con las demandas de una sociedad europea cada vez mas concienciada, va camino de producir un autentico colapso en el desarrollo socio económico del medio rural ya de por sí bastante tocada por los progresivos recortes de la Política Agraria Común (PAC) como fuente generadora de recursos y empleo, pues su implantación generara restricciones no solo a la actividad agraria y cinegética con la consiguiente perdida de valor patrimonial y de renta, a su vez el desarrollo de infraestructuras civiles ( hospitales, carreteras, ferrocarriles, centrales eléctricas, etc.), a los planes urbanísticos de las Corporaciones locales y municipales, y a un sin fin de actividades que impedirán el desarrollo y generación de riqueza a una tercera parte del territorio de nuestro país, sentenciando y condenando a muchos españoles al la Europa del progreso del siglo XXI en aras de un malentendido cuidado del medioambiente.

Desde una perspectiva jurídica somos conscientes de nuestra indefensión y falta de garantías jurídicas en la aprobación e implantación de Red Natura 2000 en España y por ello si la actitud de todas las administraciones competentes para con Natura 2000 no da un giro de 180 grados, nos reservamos el derecho de entablar acciones legales ante instancias judiciales nacionales y comunitarias ( Tribunal de Luxemburgo) que nos amparen ante lo que entendemos como una vulneración de nuestros derechos más fundamentales reconocidos en la Constitución Española, Tratados de la UE y de la Carta de los Derechos Fundamentales recogidos en la Convención Europea ( propiedad, posesión, libre empresa, etc.).