UPA exige una regulación inmediata y responsabiliza al mapa del abandono y marginación de los ganaderos integrados

En este sentido y como consecuencia del Acuerdo Marco para la Modernización y Competitividad de la Carne de Pollo firmado por Propollo, UPA y el propio MAPA el 27 de marzo de 2001, se redactó un documento en el que, como ahora pretende el Ejecutivo Catalán, se fijaban las obligaciones y derechos de cada una de las partes implicadas en la actividad productiva.

Dicho documento aún sigue en los despachos de la administración general, acumulando meses y meses de retraso con respecto al compromiso alcanzado por los distintos cargos del Ministerio.

Por este motivo desde UPA consideramos indispensable que ambas administraciones trabajen en común, y con la colaboración de todas las partes implicadas para que en el menor plazo posible, los sectores ganaderos en régimen de integración dispongan de una herramienta totalmente necesaria que acabe con las situaciones de indefensión que sufren muchos productores integrados a la hora de aceptar los contratos no regulados que les ofrecen las empresas integradoras, con unas condiciones que en muchos casos los productores no han podido pactar frente al poder de las empresas.

Es necesario recordar que la Ley de Contratos de Integración es una reivindicación histórica del sector avícola productor de carne, que en el año 1997 vio como fue aprobaba por unanimidad en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley relativa a la Regulación del Sector Avícola Español (número exp. 161/000539) en la forma en que desde la Plataforma Avícola Estatal (PAE) se había planteado, y tan sólo con la salvedad que en el texto original se daba al Gobierno un plazo de 6 meses, por lo que fue consensuada por todos mediante una transaccional que quedó con el siguiente texto:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con los sectores implicados, adopte las medidas oportunas para la regulación y ordenación del Sector Avícola Español, contemplando medidas referidas a la regulación contractual entre productores y empresas integradoras, medidas de control de los medios de producción y cuantas sean necesarias para conseguir un eficaz funcionamiento del sector”.

Aunque durante todos estos años la Administración Española no ha cumplido el trabajo que tenía encomendado, ahora se le plantea una nueva oportunidad con la iniciativa catalana, y sin ningún tipo de dudas una nueva dejación de sus funciones no podría ser entendido por nadie, y finalmente atendería a una de las mayores necesidades de nuestra ganadería, como así se lo hemos exigido todo este tiempo desde la UPA.